6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional sobre los
“Derechos humanos de las generaciones futuras”
Madrid, España
28-30 de octubre de 2025
DOCUMENTO CONCEPTUAL
Introducción: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclaman que la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo es el reconocimiento de la dignidad intrínseca y la igualdad e inalienabilidad de los derechos de todos los miembros de la familia humana.
Cada generación debe velar por que los derechos de las personas pertenecientes a las generaciones futuras estén salvaguardados y no resulten sacrificados por los intereses del momento actual.
La justicia intergeneracional tiene dimensiones tanto individuales como colectivas y puede examinarse desde múltiples perspectivas, como la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural de la Humanidad o el acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías.
El concepto de justicia intergeneracional está profundamente arraigado en el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables como fundamento de la libertad, la justicia y la paz. Este principio, consagrado en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace hincapié en la responsabilidad de las generaciones actuales de salvaguardar los derechos y oportunidades de las generaciones futuras. Con motivo de la celebración en Madrid del 6º Congreso de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional, el tema adquiere una importancia crucial a la hora de abordar las polifacéticas dimensiones del desarrollo sostenible, la preservación cultural, el progreso científico y la independencia judicial. Este Congreso, fruto del esfuerzo conjunto del Tribunal Constitucional de España y la Comisión de Venecia, explorará estos temas en el contexto de la justicia constitucional. Asimismo, ofrece una plataforma única para profundizar en los retos y oportunidades que tienen los tribunales miembros para contribuir a un futuro más equitativo y sostenible.
Principales retos: La protección de los derechos humanos para las generaciones futuras presenta varios retos significativos:
Degradación medioambiental y cambio climático: Las generaciones futuras se enfrentan a la grave amenaza de la degradación medioambiental y el cambio climático. El aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de biodiversidad y el incremento de los niveles de contaminación exigen marcos jurídicos sólidos para preservar su derecho a un medio ambiente sano.
Privacidad digital y avances tecnológicos: El rápido avance de la tecnología y la proliferación de big data plantean riesgos para la privacidad y las libertades personales. Las generaciones futuras necesitarán protección frente al uso indebido de los datos personales y las tecnologías de vigilancia intrusiva.
Desigualdad educativa: El acceso a una educación de calidad sigue siendo desigual en las distintas regiones. Garantizar la igualdad de oportunidades educativas en un mundo cada vez más digital y globalizado es esencial para el empoderamiento y el desarrollo de las generaciones futuras.
El papel de las constituciones y los tribunales constitucionales: Las constituciones y los tribunales constitucionales desempeñan un papel fundamental al abordar los retos que plantea la protección de los derechos humanos para las generaciones futuras. A través de ambos se interpretan y hacen cumplir las disposiciones constitucionales relativas a la protección del medio ambiente, garantizando así que las prácticas y políticas no perjudiquen a las generaciones futuras. Además, al defender los acuerdos internacionales sobre el clima y promover el desarrollo sostenible, contribuyen significativamente a la justicia climática.
Por otro lado, es necesario poder adaptar las constituciones a los cambios tecnológicos. Los tribunales constitucionales son esenciales para interpretar las leyes relacionadas con la privacidad digital y proteger a los ciudadanos de las tecnologías intrusivas. Garantizan la aplicación y el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Del mismo modo, los tribunales constitucionales hacen frente a las desigualdades y garantizan que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, promoviendo así un desarrollo integrador y la igualdad de oportunidades para las generaciones futuras.
Función preventiva de los tribunales constitucionales frente a los desafíos de los derechos humanos: Los tribunales constitucionales también tienen un papel preventivo en la protección de los derechos humanos para las generaciones futuras. Con sus sentencias, los tribunales constitucionales sientan precedentes legales que guían futuras acciones y políticas. Al definir claramente la protección de los derechos humanos, crean un marco jurídico que impide que se produzcan vulneraciones. Así, los tribunales desempeñan un papel proactivo revisando leyes y políticas antes de que causen daños. En esto se incluye la evaluación de la constitucionalidad de la nueva legislación y de las acciones gubernamentales que puedan afectar a las generaciones futuras. Mediante sus sentencias y compromisos públicos, los tribunales constitucionales tienen la facultad de sensibilizar a la opinión pública en cuestiones de derechos humanos. Educar al público y a los funcionarios del gobierno sobre la importancia de proteger los derechos humanos para las generaciones futuras permite que se tomen decisiones de un modo más informado y consciente.
Límites de la justicia constitucional para garantizar la protección de los derechos humanos de las generaciones futuras: Aunque los tribunales constitucionales desempeñan un papel crucial, su eficacia tiene limitaciones:
Restricciones jurisdiccionales: Los tribunales constitucionales solo pueden actuar dentro de los límites de su jurisdicción. A menudo dependen de los casos que se les presentan y no pueden iniciar acciones de forma independiente.
Presiones políticas: Los tribunales pueden enfrentarse a presiones políticas que influyan en sus decisiones. Garantizar la independencia judicial es esencial, pero resulta difícil en entornos políticamente cargados.
Recursos limitados: Los recursos limitados obstaculizan la capacidad de los tribunales para analizar a fondo todas las cuestiones relevantes. Es necesario proporcionar financiación y apoyo adecuados para que los tribunales funcionen eficazmente.
Complejidad de las cuestiones: La naturaleza polifacética de cuestiones como el cambio climático y la privacidad digital requiere conocimientos especializados y enfoques interdisciplinarios, lo cual dificulta su planteamiento pleno en los tribunales.
Intercambio de experiencias: El 6º Congreso de la CMJC en Madrid constituye una plataforma inestimable para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los tribunales constitucionales: se anima a los participantes a compartir casos prácticos y ejemplos del modo en que sus tribunales han abordado los retos de los derechos humanos para las generaciones futuras, lo cual aporta ideas y estrategias prácticas que otros pueden adoptar.
Mediante el diálogo y la colaboración, los tribunales pueden desarrollar soluciones innovadoras a retos comunes. Compartir conocimientos sobre intervenciones y marcos jurídicos eficaces contribuye a reforzar la justicia constitucional mundial. Entender lo que no ha funcionado es tan importante como saber lo que sí lo ha hecho. Por ello, los participantes deben plantear cualquier reto o contratiempo para hallar áreas de mejora y formular enfoques más resistentes.
El fortalecimiento de las redes entre tribunales constitucionales facilita el apoyo continuo y el intercambio de información. El establecimiento de mecanismos de colaboración continua mejora la capacidad colectiva de proteger los derechos humanos para las generaciones futuras.
I. La preservación de los recursos naturales y del medio ambiente
El desarrollo sostenible es la piedra angular de la justicia medioambiental intergeneracional, que exige un equilibrio entre las necesidades presentes y la preservación de los recursos para las generaciones futuras. Las constituciones de todo el mundo reconocen cada vez más el derecho a un medio ambiente limpio y sostenible, enmarcando así la protección del medio ambiente como un derecho humano central. Se denomina desarrollo sostenible al que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos ni las posibilidades de las futuras generaciones. Pretende armonizar la defensa del medio ambiente y el desarrollo económico.
El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible se presenta como eje central de la protección de los derechos humanos de las generaciones futuras. Tiene expresiones diversas, como garantizar el acceso a una energía asequible y segura para todos, disponer de los recursos hídricos, luchar contra la desertificación o detener la pérdida de biodiversidad.
Entre las cuestiones clave planteadas en el Congreso figuran las siguientes:
• Las obligaciones constitucionales de los Estados en materia de protección del medio ambiente.
• Las vías legales de que disponen los particulares, las ONG y las instituciones para defender los derechos medioambientales.
• Las resoluciones judiciales sobre residuos peligrosos, cambio climático y catástrofes medioambientales.
Los tribunales desempeñan un papel crucial en la mitigación de los daños medioambientales, como demuestran las sentencias históricas que defienden la responsabilidad medioambiental. Las crisis interconectadas de la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y el cambio climático exigen una respuesta judicial coordinada para reforzar las prácticas sostenibles y el acceso equitativo a los recursos.
II. La preservación del patrimonio cultural de la humanidad
El patrimonio cultural sirve de puente entre generaciones y engloba bienes materiales, como los monumentos, y prácticas inmateriales, como las tradiciones y los sistemas de conocimiento. La preservación del patrimonio cultural no es solo un imperativo ético, sino también jurídico, como reconocen diversas convenciones internacionales, entre ellas la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003. El patrimonio cultural de la humanidad es un extraordinario conjunto de creaciones y expresiones culturales que nos han transmitido las generaciones anteriores y que debemos transmitir a las venideras. Incluye construcciones y yacimientos arqueológicos, museos, monumentos, ciudades históricas, obras de arte, literarias, musicales y audiovisuales, así como el conocimiento, las prácticas y las tradiciones de los ciudadanos.
Los puntos de debate incluyen:
• El reconocimiento constitucional del acceso al patrimonio cultural como derecho humano.
• Litigios internacionales sobre bienes culturales y resolución de conflictos mediante marcos jurídicos.
• Resoluciones judiciales relacionadas con prácticas culturales controvertidas o la protección de lugares declarados patrimonio.
Los tribunales desempeñan un papel decisivo en los litigios sobre bienes culturales y en la defensa de los derechos de expresión cultural. Al salvaguardar la diversidad cultural, hacen que la creatividad y la resistencia humanas continúen para las generaciones futuras.
III. El acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías
Los avances tecnológicos y científicos tienen profundas implicaciones para el disfrute de los derechos humanos y las oportunidades de las futuras generaciones. Sin embargo, este progreso debe guiarse por consideraciones éticas y salvaguardias jurídicas que garanticen un acceso equitativo y protección frente a posibles abusos. El progreso técnico y científico de la humanidad es cada vez más vertiginoso y tiene mayor capacidad para influir en el futuro de las generaciones venideras.
El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación tiene un impacto evidente en la vida cotidiana de los ciudadanos y favorece el disfrute efectivo de derechos humanos como la libertad de expresión, el derecho a la educación o el derecho al trabajo.
Al mismo tiempo, es necesaria la protección de los ciudadanos, especialmente de los menores y otros colectivos vulnerables, para que hagan un uso equilibrado de los entornos digitales, garantizando así el adecuado desarrollo de su personalidad.
Entre las cuestiones centrales que deben explorarse figuran:
• El reconocimiento de la conectividad digital como derecho fundamental.
• Las medidas reglamentarias para garantizar la autenticidad y la transparencia en la difusión de la información.
• Los mecanismos de protección contra la vigilancia invasiva, el uso indebido de datos y los sistemas de inteligencia artificial discriminatorios.
Los tribunales constitucionales se encargan de juzgar casos relacionados con los derechos digitales, la privacidad de los datos y la ética de la IA. Sus sentencias sientan precedentes que configuran los contornos de la justicia tecnológica, garantizando así que la innovación se ajuste a los principios constitucionales de dignidad humana y equidad.
IV. Independencia de los tribunales constitucionales
La independencia judicial es un pilar de la justicia constitucional, que protege a los tribunales de influencias indebidas y les permite funcionar como árbitros imparciales de la ley. A pesar de su importancia, los tribunales constitucionales se enfrentan a menudo a presiones de otros poderes del Estado, los medios de comunicación o la opinión pública, que ponen en entredicho su autonomía y eficacia. La función de la Comisión de Venecia es, entre otras, garantizar la difusión y consolidación de un patrimonio constitucional común, desempeñando así un papel único en la gestión de conflictos. Además, ofrece “ayuda constitucional urgente” a los Estados en transición.
El 2º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional trató el tema de “La separación de poderes y la independencia de los tribunales constitucionales y órganos equivalentes”. Dada la importancia de este tema y las frecuentes amenazas a la independencia de algunos tribunales miembros, la mesa de la Conferencia Mundial decidió incluir una sesión de balance para evaluar la independencia de dichos tribunales en todos sus futuros congresos. En consecuencia, estas sesiones ya se organizaron en los Congresos 3º, 4º y 5º, celebrados respectivamente en Seúl (2014), Vilna (2017) y Bali (2022), y se seguirá el mismo sistema en el 6º Congreso, que tendrá lugar en Madrid. Las respuestas que facilite a las preguntas a continuación son importantes para preparar esta sesión.
Entre los principales ámbitos de investigación figuran:
• El alcance de las presiones externas a las que se enfrentan los tribunales durante las deliberaciones de los asuntos.
• Los mecanismos para hacer cumplir las decisiones judiciales y hacer frente a la resistencia de otros poderes del Estado.
• Las estrategias para que los tribunales sorteen los ataques a su independencia y busquen apoyo nacional o internacional.
Al defender la independencia judicial, los tribunales garantizan la integridad de la gobernanza constitucional y refuerzan la confianza pública en las instituciones jurídicas. El Congreso ofrece una plataforma para intercambiar buenas prácticas y reforzar los compromisos con la autonomía judicial.
Conclusión
El 6º Congreso de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional es una iniciativa conjunta del Tribunal Constitucional de España y la Comisión de Venecia, la cual proporciona la Secretaría para la CMJC. El Congreso se centrará en la cuestión vital de la protección de los derechos humanos de las generaciones futuras. Al abordar los principales retos, destacar el papel de las constituciones y los tribunales, debatir las funciones preventivas, reconocer las limitaciones y compartir experiencias, el Congreso pretende fomentar una comprensión global y estrategias sólidas para garantizar un futuro sostenible y justo para todos.
Asimismo, el 6º Congreso ofrece una oportunidad única para que los tribunales constitucionales de todo el mundo reflexionen sobre su papel en el avance de la justicia intergeneracional. Desde la sostenibilidad medioambiental a la preservación cultural, desde el acceso equitativo a la tecnología a la protección de la independencia judicial, los temas debatidos ponen de relieve los retos multidimensionales a los que se enfrentan los tribunales a la hora de salvaguardar los derechos de las generaciones futuras.
Al entablar este diálogo, los tribunales miembros reafirman su compromiso de defender la justicia en un contexto mundial en evolución. Los resultados del Congreso servirán de marco orientativo para abordar los retos intergeneracionales y garantizar que la justicia constitucional siga siendo un faro de esperanza para las generaciones venideras.
CUESTIONARIO
I. LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE
Preguntas:
1. ¿La Constitución de su país impone al Estado obligaciones positivas relacionadas con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente? En caso negativo, ¿qué instrumentos jurídicos imponen tales obligaciones positivas?
2. En su ordenamiento jurídico, ¿quiénes están legitimados para promover ante los tribunales la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente (instituciones públicas, ciudadanos individuales, organizaciones no gubernamentales, etc.)?
3. ¿Su Tribunal ha resuelto algún caso sobre la producción de sustancias peligrosas o residuos que no puedan ser gestionados y eliminados de forma segura por la generación que los origina?
4. ¿Se ha producido en su país alguna catástrofe medioambiental con consecuencias generales graves que haya generado una problemática jurídica destacable? En caso afirmativo, ¿cómo se resolvieron esos problemas?
5. ¿Puede identificar sentencias relevantes dictadas por su Tribunal en materia de cambio climático?
II. LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Preguntas:
1. ¿La Constitución de su país reconoce como un derecho humano el acceso al patrimonio cultural? En caso negativo, ¿qué instrumentos jurídicos prevén este reconocimiento?
2. ¿Su país ha suscrito la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003 u otros instrumentos internacionales sobre esta materia?
3. ¿Su país mantiene algún litigio internacional con otro Estado sobre bienes de patrimonio cultural? En caso afirmativo, ¿cómo se ha resuelto?
4. ¿Existen en su país prácticas culturales controvertidas que puedan ser contrarias a los derechos humanos? En caso afirmativo, ¿qué medidas se están tomando para abordarlas y eliminarlas?
5. ¿Su Tribunal ha dictado sentencias relevantes en materia de preservación del patrimonio cultural? Si es así, ¿de qué trataban?
III. EL ACCESO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Preguntas:
1. ¿En su país está reconocido en los correspondientes instrumentos normativos el derecho a la conectividad digital (acceso a Internet)?
2. ¿Existen instrumentos adecuados que preserven el derecho de los ciudadanos a recibir información a través de las redes sociales, con garantías de veracidad?
3. ¿En su ordenamiento existen mecanismos de protección frente al uso indebido de tecnologías de vigilancia o de recopilación de datos u otros medios de control social que puedan producir efectos sin limitación en el tiempo? En caso afirmativo, ¿cuáles son esos mecanismos?
4. ¿En su ordenamiento existen mecanismos de protección frente al uso indebido de los sistemas de inteligencia artificial que amenacen el pleno disfrute de los derechos humanos de las generaciones futuras? En caso afirmativo, ¿cuáles son esos mecanismos?
5. ¿Su Tribunal ha dictado sentencias relevantes en estas materias? En caso afirmativo, ¿podría describirlas brevemente?
IV. BALANCE SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS TRIBUNALES MIEMBROS
En este cuestionario se incluye una sección especial sobre el balance de la independencia de los tribunales constitucionales. Cabe señalar que, a diferencia de las respuestas a las preguntas anteriores, las respuestas a esta sección no se publicarán en el sitio web de la Conferencia.
1. ¿Ha recibido el tribunal constitucional de su país presiones por parte de otros poderes estatales al analizar (o resolver) un asunto?
2. ¿Ha recibido el tribunal constitucional de su país una presión excesiva por parte de los medios de comunicación al analizar (o resolver) un asunto?
3. ¿Se ha encontrado el tribunal con reticencias por parte de otros poderes del Estado después de que adoptara decisiones con las que estos últimos no coincidían?
4. ¿Se han publicado debidamente las decisiones del tribunal?
5. ¿Se han ejecutado las resoluciones del tribunal? ¿Existe algún mecanismo especial de ejecución?
6. ¿Surgen problemas a la hora de ejecutar determinados tipos de resoluciones?
7. ¿Ha sufrido el tribunal algún ataque después de adoptar una decisión?
8. ¿Ha habido alguna iniciativa o acción legislativa concebida para crear obstáculos a la actividad del tribunal?
9. ¿Cómo se ha enfrentado el tribunal a aquellas situaciones en las que ha recibido presiones por parte de otros poderes del Estado, de los medios de comunicación, etc.?
10. ¿Ha recibido el tribunal ayuda de otros órganos a nivel nacional o internacional? Indique la ayuda que se le proporcionó.
11. ¿Considera su tribunal que el propio control judicial le impide solicitar ayuda o defenderse en los medios de comunicación?